El intendente realizó un veto parcial a la ordenanza que envió el concejo.

Se trataba de una ordenanza que eximia a los comerciantes, que demostraran que habían tenido una baja del 50% de las ganancias durante la pandemia, del pago del DREI y el TGI.

El concejal Mauro Miguez (UP) expresó su rechazo al veto en un posteo de Facebook y luego explicó que el intendente “vetó que se les descuente a estos comercios el TGI sosteniendo que los servicios que abarca ese impuesto fueron prestados por la municipalidad durante ese tiempo, amparándose digamos en ese recurso jurídico”

Qué son el TGI y el DREI en los municipios santafesinos

La Tasa General de Inmuebles, conocida por su sigla TGI, es uno de los principales tributos municipales que pagan vecinos y vecinas de las ciudades de la provincia de Santa Fe. Se calcula sobre la base de los inmuebles registrados y financia servicios como alumbrado, barrido, recolección de residuos y mantenimiento de espacios verdes. El Derecho de Registro e Inspección, o DREI, en cambio, recae sobre las actividades comerciales, industriales y de servicios, y es una de las herramientas centrales para sostener la estructura administrativa de los municipios.

El veto: una facultad del Ejecutivo municipal

La figura del veto, que en este caso aplicó el intendente de manera parcial, está prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades y permite al Departamento Ejecutivo observar total o parcialmente una ordenanza sancionada por el Concejo. El Concejo puede insistir con la sanción original si reúne las mayorías necesarias, lo que abre una discusión institucional sobre el alcance de las atribuciones de cada poder. En este caso, el argumento del intendente se apoyó en que los servicios financiados con el TGI continuaron prestándose durante la pandemia.

El debate por el alivio fiscal a comerciantes durante la pandemia

La discusión sobre exenciones impositivas a comercios afectados por la pandemia atravesó a buena parte de los municipios argentinos durante 2020. La caída de la facturación, especialmente en los rubros gastronómicos, indumentaria y servicios, motivó pedidos de moratorias, condonaciones parciales y planes de pago. Cada gobierno local resolvió el tema según sus posibilidades financieras y la composición política de sus concejos, en un escenario en el que también se sumaban ayudas nacionales y provinciales orientadas a sostener el empleo.