El Gobierno iniciará los exámenes a empleados públicos y revisará las nóminas de todas las áreas del Estado
El Gobierno nacional pondrá en marcha la semana próxima un proceso de evaluación de idoneidad para empleados públicos, un mecanismo que abarcará inicialmente a 40 mil trabajadores temporales cuyos contratos vencen a fin de año. Aprobar este examen será un requisito indispensable para renovar los vínculos laborales. En paralelo, el Poder Ejecutivo avanzará en una revisión exhaustiva de las nóminas estatales y considera el cierre de organismos que juzgue innecesarios.
Detalles del examen de idoneidad
El Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger, detallará en los próximos días las condiciones del examen. Entre los puntos principales se destacan:
- Cobertura inicial: Empleados temporarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
- Excepciones: Quedarán excluidos de esta evaluación los empleados de planta permanente, quienes residan en el interior del país o las personas con discapacidad.
- Formato: Una prueba presencial, adaptada al tipo de tarea (profesional, administrativa o de servicios generales), con un umbral de dificultad equivalente a un nivel secundario completo.
- Duración y estructura: Evaluación de una hora con 20 a 24 preguntas de opción múltiple, realizadas en oficinas como el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
Cada empleado tendrá tres oportunidades anuales para aprobar el examen. Si bien es un requisito obligatorio, su aprobación no garantiza automáticamente la renovación del contrato, ya que las decisiones finales dependerán de cada área administrativa.
“No queremos que sea un filtro, sino un mecanismo objetivo para evaluar la eficiencia del personal”, explicaron desde un despacho oficial.
Reducción de organismos y reestructuración estatal
El Gobierno continúa avanzando en lo que Sturzenegger ha bautizado como “deep motosierra”, una política de ajuste estructural que ya redujo:
- Los ministerios de 18 a 8.
- Los puestos superiores en un 33%.
- Cerca de 30 mil empleos públicos a lo largo del año.
Además, se apunta a cerrar 300 direcciones y coordinaciones estatales, con un enfoque en eliminar funciones duplicadas y transferir competencias al sector privado o a las provincias y municipios.
Entre los organismos señalados para posibles cierres se encuentra la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami), cuya estructura de costos supera los beneficios otorgados. El ajuste también alcanzará a organismos descentralizados como la ARCA (ex AFIP) y el Indec, cuya autonomía será revisada.
Cambios en la planta permanente y nuevas políticas
Aunque la planta permanente cuenta con mayor protección legal, la ley ómnibus otorga facultades al Gobierno para colocar a estos empleados en disponibilidad en caso de cierre de organismos. Tendrán un plazo de entre 6 y 12 meses para ser reasignados a otras tareas, o bien enfrentar el cese de su vínculo laboral con una indemnización.
En paralelo, se analizan otras medidas como:
- Premios fiscales: Áreas que logren ahorros en sus presupuestos podrían ser incentivadas con bonificaciones o beneficios adicionales.
- Renegociación de convenios colectivos: Ajustes en más de 50 convenios laborales vigentes para reducir disparidades salariales entre áreas del Estado.
- Reconfiguración salarial: Especialmente para igualar las diferencias entre organismos con sueldos elevados y otros con escalas más bajas.
La realidad actual del empleo público
Según cifras del Indec, la administración central, organismos descentralizados y empresas públicas emplean actualmente a 305.688 personas, un número que ha disminuido en comparación con los 343.353 trabajadores registrados en noviembre del año pasado, antes del cambio de Gobierno.
El Gobierno busca optimizar el funcionamiento del Estado y reducir costos operativos mediante una estructura más eficiente, siguiendo un modelo que apuesta por la descentralización de funciones y la reasignación de competencias.
Un nuevo esquema de gestión estatal
Con estas reformas, el Ejecutivo avanza en una transformación profunda del sector público, marcada por evaluaciones de eficiencia, optimización presupuestaria y la reestructuración de organismos. El impacto de estas medidas se verá reflejado en los próximos meses, a medida que el ajuste fiscal y administrativo redefine el panorama estatal en Argentina.