«Olmedo y Martelli son kirchneristas asintomáticos»

El ex-Secretario de Gobierno, Gonzalo Miranda Aguiar (JxC – UCR), rechazó la decisión del Concejo Municipal de prorrogar por 12 meses la actualización mensual y automática de la TGI en la denominada fórmula polinómica y se refirió en duros términos a los concejales de Juntos por el Cambio que habilitaron el irregular incremento.


En este sentido, el dirigente radical señaló que «el intendente y los concejales están fuera de la realidad, y desconocen el estado crítico que viven muchas familias y comercios funenses en un marco de pandemia y restricción de la actividad económica. Los aumentos mensuales de la TGI hacen insostenible su pago».


«Este camino donde la tasa que pagamos aumenta cuando aumenta el gasto en sueldos o la nafta, es un espiral peligroso que va en contra de la racionalidad y la austeridad en el manejo de las cuentas públicas y va terminar siendo insostenible. Hay que controlar el gasto y bajar impuestos, no seguir aumentando la TGI«, precisó Miranda Aguiar.


Aguiar advirtió que la medida es arbitraria, abusiva y que de seguir este camino terminará siendo confiscatoria para muchos sectores que no tienen aumentos salariales, ni lo ingresos para pagarlos. Además calificó el voto de los concejales Olmedo y Martelli contrario a los principios que hacen a Juntos por el Cambio.


Desde Juntos por el Cambio en todos los ámbitos se impulsa la necesidad de bajar impuestos, de no seguir incrementando la presión sobre los contribuyentes, sobre todos los comercios. Por lo que la decisión de Olmedo de desempatar y de Martelli de habilitar el aumento con su ausencia, deja en claro que nada tienen que ver con Cambiemos, estos concejales son kirchneristas asintomáticos.


«Vuelvo a insistir con esto, esta delegación del Concejo para que sea el Ejecutivo quien aplique el aumento como le plazca, es arbitraria porque no hay control sobre lo que en definitiva se aplica, y termina por lo mismo siendo abusiva pues hay gente que paga valores inauditos en relación a los servicios que recibe y a las posibilidades de responder a las obligaciones. Es de dudosa legalidad lo que están haciendo», cerró.

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