Piden allanar el despacho de Kueider mientras se cuestiona la validez de la sesión
La jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó el allanamiento del despacho del exsenador Kueider, mientras el oficialismo y la oposición debaten la legalidad de la sesión que resultó en su expulsión.
Este viernes, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó el allanamiento del despacho del ahora exsenador Edgardo Kueider en el Senado. La orden fue enviada al presidente provisional de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, que se tramita en el Juzgado Federal de San Isidro.
El pedido se produjo tras la expulsión de Kueider, que ocurrió durante una polémica sesión marcada por la ausencia de Javier Milei, quien se encuentra en Italia. Este hecho generó dudas sobre si la vicepresidenta Victoria Villarruel, que presidió la sesión, debía haber asumido formalmente el cargo de presidenta en ejercicio.
Acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición
Desde el oficialismo, se sostiene que Villarruel incumplió sus deberes al liderar la sesión mientras el Ejecutivo estaba “acéfalo”. Los abogados de Kueider planean impugnar la sesión, argumentando que no debió haberse realizado sin que se firmara el acta de traspaso de mando correspondiente.
El senador oficialista Carlos Pagotto fue uno de los primeros en expresar que la sesión podría ser cuestionada legalmente. Según Pagotto, “es un error elemental no haber dejado constancia formal del traspaso de mando”.
Por su parte, fuentes cercanas a Villarruel aseguran que el traspaso se firmó a tiempo, mientras que desde la Casa Rosada acusan a la vicepresidenta de “mentir”. Este viernes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó un mensaje en sus redes insinuando irregularidades por parte de Villarruel.
Consecuencias políticas
La expulsión de Kueider no solo ha tenido repercusiones legales, sino también políticas. La decisión habilita a que Estefanía Cora, militante de La Cámpora, asuma la banca, alterando el equilibrio de fuerzas en el Senado. Con este cambio, Unión por la Patria suma 34 senadores, quedando a tres del quórum propio, mientras el oficialismo pierde un aliado clave.
A pesar de los cuestionamientos, desde la oposición sostienen que la jurisprudencia respalda la validez de la sesión. “La propia Cámara tiene la última palabra sobre la legalidad de sus procedimientos”, indicaron desde el bloque de la UCR.
Esta situación, marcada por enfrentamientos internos y controversias legales, pone en evidencia el delicado equilibrio de poderes y las tensiones que atraviesa el Senado argentino.