Cococcioni: “A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio”
El ministro Pablo Cococcioni supervisó el derribo de dos búnkers en Pérez junto a la fiscal Brenda Debiasi. Hubo dos detenidos, secuestro de cocaína y ya suman 94 inactivaciones en la provincia bajo la Ley de Microtráfico.
Ley de Microtráfico en Pérez tuvo un nuevo capítulo con la inactivación de dos puntos de venta de estupefacientes en Cabín 9. El operativo fue supervisado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y acompañado por la fiscal del MPA, Brenda Debiasi. La intervención incluyó maquinaria para el derribo, dos detenciones vinculadas a la comercialización y el secuestro de cocaína.
Cococcioni destacó que “para nosotros es una medida que siempre es positiva” y explicó que uno de los sitios había sido allanado hace casi un mes pero intentaron reactivarlo poco después. Señaló que si el Estado no interviene, la actividad delictiva vuelve y con ella los perjuicios para el barrio. El ministro remarcó además que en la zona se registró acumulación de disparos, heridos y armas secuestradas en pocas cuadras, por lo que vinculan el punto de venta con violencia y criminalidad. Su síntesis fue tajante: “A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio y el Estado viene a dar respuestas”.
La fiscal Debiasi detalló que la investigación comenzó con denuncias vecinales y tareas de campo de la PDI que documentaron maniobras de comercialización y fraccionamiento para la venta. Con allanamientos se obtuvo cocaína y se detuvo a dos personas que ya fueron imputadas y están con prisión preventiva. Añadió que los propios vecinos habían iniciado el desmonte de las casillas, y por eso se pidió urgencia judicial para inactivar las estructuras de forma segura y definitiva.
Según datos oficiales, con las acciones de Pérez la provincia alcanza 94 inactivaciones de búnkers desde la sanción de la Ley de Microtráfico a fines de 2023 y su despliegue desde principios de 2024. El dispositivo articula Gobierno provincial, MPA, Justicia, Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales. El enfoque es cerrar los puntos de expendio y neutralizar inmuebles que alimentan violencia altamente lesiva, con resguardo probatorio y asistencia al barrio.
Para el área metropolitana, el caso de Cabín 9 vuelve a exhibir el doble frente: investigación penal y gestión urbana posterior. Tras el derribo, Seguridad y el municipio deben limpiar escombros, sellar accesos, revisar conexiones y reforzar patrullaje. La meta es evitar reocupaciones, sostener presencia estatal y devolver el espacio a los vecinos. Lo que sigue es monitoreo de la zona, seguimiento judicial de los detenidos y nuevas inactivaciones donde la evidencia lo justifique.
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