El Concejo busca frenar una distorsión impositiva para evitar que las farmacias de barrio dejen de vender medicamentos de alto costo
Un proyecto de ordenanza busca aliviar a las farmacias de barrio de Rosario: proponen que el DREI se cobre solo sobre el honorario real y no sobre facturas millonarias.

Las farmacias de cercanía, en el centro del debate por el DREI.
Un proyecto de ordenanza propone reformar el cálculo del DREI para las farmacias de barrio. Denuncian que el municipio cobra el impuesto sobre facturaciones millonarias “ficticias” que corresponden a obras sociales y no a ganancias reales del comercio. Alerta por el futuro de la atención en los barrios.
Farmacias de barrio: tributar por plata que nunca ingresa
El acceso a los medicamentos de alta complejidad y el esquema de subsistencia de las farmacias de cercanía en Rosario entraron en el centro del debate legislativo. Un proyecto de ordenanza ingresado al Palacio Vasallo busca corregir lo que se define como una “distorsión técnica” en el cobro del Derecho de Registro e Inspección (DREI), la tasa municipal que abonan los comercios locales. En consecuencia, hoy está en riesgo la permanencia de los establecimientos sanitarios en los barrios.
La iniciativa, impulsada por los concejales Alicia Pino y Federico Lifschitz, pone el foco en la encrucijada económica que sufren las farmacias al tramitar coberturas de planes especiales y de reposición. Se trata de la entrega de insumos críticos de altísimo valor económico, tales como tratamientos oncológicos, insulinas, tiras reactivas para diabetes o leches especiales.
Bajo el sistema actual regulado por obras sociales, prepagas y el Estado, la farmacia barrial no vende estos productos con un margen comercial libre. Su función se limita a la custodia, conservación y dispensa segura, percibiendo a cambio una cifra fija en concepto de honorario profesional. Sin embargo, el mecanismo administrativo obliga a la farmacia a emitir facturas por el valor total del medicamento. La Municipalidad de Rosario toma ese monto bruto total como base imponible para cobrar el DREI. Por lo tanto, los farmacéuticos tributan por fondos que jamás formaron parte de sus ganancias reales.
El riesgo de la concentración de la salud
“La farmacia constituye un establecimiento de características singulares que excede la noción tradicional de comercio, configurándose como un servicio sanitario de proximidad”, argumenta el texto del proyecto para justificar la necesidad de un trato diferencial. La acumulación de facturaciones abultadas pero ficticias termina distorsionando la capacidad contributiva real del comercio.
Para los autores de la propuesta, el escenario es alarmante en términos de equidad territorial. Las farmacias más pequeñas de la periferia de Rosario carecen de las espaldas financieras para absorber un impuesto inflado artificialmente. En este sentido, el peligro a corto plazo es la “retracción”: que los efectores barriales se vean obligados a bajarse de los convenios de alta complejidad para evitar pérdidas económicas.
Si esto sucede, se aceleraría un proceso de concentración en grandes cadenas farmacéuticas del centro de la ciudad. Los perjudicados directos serían los pacientes con patologías crónicas y los adultos mayores. Ellos perderían su centro de consulta y provisión de cercanía, debiendo trasladarse y sumar costos de movilidad para sostener sus tratamientos médicos cotidianos.
Las claves de la reforma impositiva
De avanzar el proyecto de ordenanza, el Código Tributario Municipal incorporará una excepción técnica: el valor de venta de los medicamentos de alto costo facturados a los financiadores de salud quedará excluido del cálculo del impuesto municipal. De este modo, la base imponible del DREI para estas transacciones pasará a estar constituida única y exclusivamente por el honorario percibido de forma efectiva por la farmacia.
La norma estipula que los comercios que se plieguen al beneficio deberán acreditar de forma fehaciente la trazabilidad de la operatoria mediante auditorías simples. Además, deberán certificar el costo de adquisición del insumo, su entrega real al paciente y la facturación correspondiente a la obra social para demostrar que no se percibió el valor total facturado.
El Departamento Ejecutivo Municipal contará con un plazo de 90 días para reglamentar la fiscalización en caso de aprobarse. Asimismo, la iniciativa faculta al Municipio a articular criterios técnicos de control junto al Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe (2ª Circunscripción) para evitar que la medida devenga en burocracia excesiva.
Qué cambia para las farmacias de barrio
Hay precedentes cercanos: localidades santafesinas como Cañada de Gómez y Venado Tuerto ya aplicaron soluciones similares basadas en el principio de “realidad económica”. Si la iniciativa avanza en las comisiones y se aprueba en el recinto, generará un alivio fiscal inmediato para las farmacias de barrio y garantizará que sigan distribuyendo insumos de salud complejos. Por otro lado, abrirá una discusión sobre las finanzas municipales, dado que el Palacio de los Leones verá recortada una porción de la recaudación del DREI que hoy cobra de manera distorsionada. Más noticias de la ciudad en Rosario.






