Alquileres: alertan sobre un aumento en los impagos y el inicio de una crisis habitacional
La Federación de Inquilinos Nacional destacó que el peso de los alquileres sobre los ingresos ha alcanzado niveles sin precedentes. En ese contexto, acusaron al Gobierno de “nacionalizar el saqueo”.
Diversas agrupaciones de inquilinos advirtieron sobre el incremento de suspensiones en los pagos de alquileres y un aumento en los desalojos judiciales, debido a que el impacto en los ingresos familiares es mayor que nunca. Aseguraron que esta situación podría desencadenar una grave crisis habitacional y social.
A través de un comunicado publicado este lunes, las 16 organizaciones que integran la Federación de Inquilinos Nacional manifestaron su inquietud por la falta de políticas públicas efectivas que garanticen el pago sostenible de los alquileres.
“La libertad de contratación no es más que una libertad de mercado que nos obliga a destinar la mitad —o más— de nuestros ingresos mensuales exclusivamente al alquiler. Estamos trabajando medio mes para el propietario”, denunciaron.
Según el comunicado, “Argentina ha triplicado la cantidad de familias inquilinas en las últimas tres décadas, mientras que el impacto del alquiler en los bolsillos de los trabajadores nunca ha sido tan alto”.
Las organizaciones explicaron que “muchas familias, parejas o personas solas que ya no pueden enfrentar los ajustes trimestrales indexados a la inflación buscan con urgencia una habitación en viviendas compartidas; los jóvenes que tienen la posibilidad regresan al hogar familiar, mientras que otros terminan en situación de calle, sin visibilidad”.
Desde el 1° de enero de 2024 quedó sin efecto la ley de alquileres, que establecía contratos a tres años con actualizaciones anuales mediante el ICL (un índice basado en la combinación de inflación y salarios). Según la Federación, “los contratos ahora están sujetos a los intereses y decisiones de las inmobiliarias y propietarios bajo el Decreto 70/2023”.
“El DNU 70 firmado por el Gobierno de Javier Milei supone un retroceso de un siglo, cuando las familias trabajadoras vivían hacinadas, sin derechos y destinadas únicamente a trabajar para pagar el alquiler. Bajo el disfraz del ‘acuerdo entre partes’, millones de hogares desde Ushuaia hasta La Quiaca están siendo sometidos a la mayor extracción de ingresos en décadas, con consecuencias devastadoras. El Gobierno ha institucionalizado el saqueo, sin ley ni protección para los inquilinos”, advirtieron.
“Cada organización comunitaria conoce esta realidad, porque inquilinas e inquilinos somos quienes trabajamos y estudiamos en su mayoría. El escenario próximo es evidente: los impagos continuarán en aumento, habrá más desalojos judiciales, y nos dirigimos hacia una crisis habitacional que inevitablemente se convertirá en una crisis social”, concluyeron.