Cotos de caza en la mira: Organizaciones socioambientales piden al Gobierno de Santa Fe información urgente
La caza ilegal de aves autóctonas en Santa Fe suma un nuevo capítulo que pone en jaque al sistema de control ambiental provincial. Patricio Lutri, hijo del recientemente condenado Roberto Lutri por actividades de caza ilegal, ha sido señalado por exhibir en su sitio web imágenes donde posa junto a cadáveres de más de diez especies protegidas. Estas fotografías, que muestran la matanza de fauna autóctona, fueron publicadas sin reparo alguno, evidenciando la falta de acción efectiva por parte de las autoridades provinciales.
El escándalo estalló días después de la controversia generada en torno al coto de caza MGW Outfitters, ubicado en San Javier, donde cazadores extranjeros realizaron matanzas similares. A pesar de las numerosas críticas que recibió el Ministro de Ambiente, Enrique Estévez, por su supuesta inacción frente a estas actividades, nuevos casos como el de Lutri continúan desafiando las regulaciones vigentes.
Este episodio no solo refleja la impunidad con la que operan algunos guías de caza, sino que también subraya la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y sanción en la provincia, que actualmente parecen insuficientes frente a las recurrentes violaciones a las leyes de protección de la fauna.
A raíz del reciente escándalo por la matanza de aves autóctonas protegidas en cotos de caza en San Javier y otras localidades de la provincia de Santa Fe, 14 organizaciones socioambientales han presentado un pedido de acceso a la información pública. Este requerimiento, dirigido a los Ministerios de Ambiente y de Desarrollo Productivo, solicita detalles vinculados a la caza y al turismo cinegético en la provincia.
El Ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, ha sido objeto de numerosas críticas por permitir la actividad de caza de especies protegidas. Ahora, el pedido formal de información añade presión a la gestión de estos cotos. Entre los datos solicitados se incluyen estudios poblacionales de especies como patos y perdices, listas de empresas registradas en la actividad de turismo cinegético y su ubicación georreferenciada, además de requisitos para su inscripción y funcionamiento. También se pide el listado de inspectores y guías habilitados, junto con copias de los permisos de caza otorgados a cazadores extranjeros.
Las organizaciones firmantes, que incluyen a Capibara, Mundo Aparte y la Multisectorial de los Humedales, entre otras, se basan en la Ley 25.831 de Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental. Según la normativa, el gobierno de Santa Fe tiene un plazo de 30 días para responder.