La Provincia puso en duda la legalidad del uso de la cava municipal y crece la controversia
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe confirmó al Concejo Municipal de Funes que nunca autorizó la disposición de residuos en el predio detrás de Damfield.
Operativo policial en la presa del Arroyo Ludueña, en Funes, con humo de quemas clandestinas y residuos acumulados, en el contexto de las denuncias penales presa de Funes confirmadas por la Provincia.
El Ministerio de Ambiente de Santa Fe respondió al Concejo Municipal y aseguró que nunca autorizó la disposición de residuos en la cava de Funes, el predio provincial ubicado detrás de Damfield. La definición provincial reordena la discusión sobre el lugar y abre un nuevo frente político y judicial.
La respuesta oficial del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe abrió un nuevo frente de discusión en torno a la cava municipal ubicada detrás de Damfield, sobre la Ruta Provincial 34S. Más allá de los incendios que durante meses afectaron la circulación sobre la Autopista Rosario-Córdoba, el foco ahora se trasladó al uso mismo del predio y a las condiciones bajo las cuales se desarrolló allí la actividad vinculada a los residuos.
El documento enviado al Concejo Municipal contiene una definición contundente: la Provincia asegura que nunca autorizó la disposición de residuos en esos terrenos y que tampoco recibió solicitudes para habilitar esa actividad. La afirmación adquiere relevancia porque se trata de un predio provincial cuya tenencia fue otorgada a la Municipalidad de Funes con una finalidad específica.
La Provincia dice que nunca dio aval ambiental
La respuesta oficial deja expuesta una diferencia de interpretación sobre el destino del lugar. Mientras durante años la cava de Funes funcionó como punto de descarga y tratamiento de residuos, la Provincia sostiene que esa actividad nunca contó con aval ambiental.
Ambiente asegura que nunca autorizó el vertido de residuos
Uno de los aspectos más contundentes del informe es la respuesta a una consulta concreta realizada por los concejales sobre la existencia de permisos ambientales. La aclaración del Ministerio abarca “cualquier categoría de residuos, incluyendo residuos sólidos urbanos, industriales, peligrosos, patológicos, inertes o compatibles”.
El organismo provincial aseguró que no existen antecedentes de trámites, proyectos o presentaciones realizadas para obtener una habilitación ambiental sobre el predio. Según la Provincia, nunca se gestionó ni se obtuvo autorización para utilizar el lugar como sitio de disposición final de residuos.
La cava de Funes y un predio expropiado para la presa retardadora
Según explicó el Ministerio, las parcelas fueron expropiadas mediante la Ley Provincial N.º 10.206 para la construcción y mantenimiento de la presa retardadora de crecidas del Arroyo Ludueña. Para el organismo ambiental, la utilización actual del predio resulta incompatible con ese objetivo.
En 2022, mediante el Decreto Provincial N.º 1800, la Provincia otorgó la tenencia precaria de los inmuebles a la Municipalidad de Funes luego de un pedido del propio Ejecutivo local. En los fundamentos del decreto se menciona expresamente que el municipio solicitó la cesión para destinar los terrenos al “uso y goce de la comunidad”, un destino muy distinto al funcionamiento como basural.
Un uso incompatible con las normas ambientales
La respuesta oficial sostiene que el uso actual del terreno no solamente resulta incompatible con el destino declarado por la Municipalidad al solicitar la tenencia, sino también con las condiciones técnicas y ambientales exigidas por la legislación vigente para la localización de este tipo de actividades.
El Ministerio recuerda que la disposición y operación clandestina de residuos constituye una conducta sancionada por distintos marcos normativos provinciales y nacionales. Por ese motivo, señala que cuando se constatan este tipo de situaciones corresponde iniciar procedimientos sancionatorios y poner los antecedentes en conocimiento de los organismos judiciales competentes.
Inspecciones desde 2019 sobre la cava de Funes
El informe revela que los organismos provinciales venían observando lo que ocurría en el predio desde hace tiempo. Según la documentación remitida al Concejo, las áreas técnicas de Ambiente realizaron múltiples constataciones entre 2019 y la actualidad. Entre las situaciones detectadas se mencionan:
- Disposición final no autorizada de residuos de distintos tipos.
- Presencia e ingreso de camiones volcadores.
- Operación de equipos pertenecientes a privados.
- Quemas clandestinas de residuos.
- Movimiento de maquinaria sin autorización ambiental.
En ese contexto, la reciente intervención policial por incendios clandestinos en la cava aparece ahora como apenas una pieza dentro de un escenario mucho más amplio. La investigación ya no gira únicamente alrededor de quién encendía los focos ígneos, sino también sobre qué actividad se desarrollaba en el lugar, si contaba con las autorizaciones necesarias y qué responsabilidades podrían surgir de esa situación.
La Provincia llevó el caso de la cava de Funes a la Justicia
El documento también confirma que la situación trascendió el ámbito administrativo y llegó a la Justicia penal. Según informó el Ministerio, el 16 de junio de 2025 se comunicaron formalmente los hechos al Ministerio Público de la Acusación, acompañando la documentación vinculada a las actuaciones realizadas sobre el predio.
La presentación se realizó en cumplimiento de lo establecido por la Ley Provincial 11.717 de Medio Ambiente, que obliga a la autoridad de aplicación a dar intervención a la Justicia cuando detecta hechos que puedan constituir delitos o contravenciones vinculadas con contaminación ambiental.
Lejos de quedar archivada, la cuestión continuó avanzando. El informe señala que, debido a la persistencia de las conductas observadas en el lugar, el 30 de marzo de 2026 el ministro de Ambiente y Cambio Climático amplió la denuncia penal y ratificó ante la Justicia los antecedentes ya remitidos al MPA.
Del humo a los expedientes
La respuesta provincial agrega presión política a un tema que hasta ahora se había concentrado principalmente en las consecuencias de los incendios. La discusión pasó del humo visible sobre la autopista a los expedientes, las habilitaciones y las decisiones administrativas que permitieron el funcionamiento del predio durante los últimos años.
La controversia se cruza con la serie de intimaciones por las bajadas clandestinas en la zona del Hotel Sol, que en las últimas semanas puso bajo la lupa el uso del corredor de la autopista. El Gobierno de Santa Fe centraliza la información ambiental del organismo provincial.
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