El Gobierno Nacional arremete contra intendentes que cobran un impuesto al combustible
El Gobierno Nacional, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, ha manifestado su rotunda oposición a la reciente implementación de una tasa municipal sobre los combustibles en algunos municipios del país.
Calificando la medida como un «abuso» hacia la población, Adorni aseveró que el Gobierno se encuentra «evaluando todas las alternativas legales y administrativas» a su alcance para revertir este impuesto que, a su juicio, «no guarda relación con la actividad de carga de combustible y representa una carga injustificada para los ciudadanos».
La tasa en cuestión, denominada en algunos casos como «Tasa Vial», ha sido establecida por intendentes de localidades como Funes y Rosario, con gravámenes que oscilan entre el 1.5% y el 2.5% por litro de combustible, o un monto fijo, destinados al mantenimiento de calles y bacheo.
El Gobierno Nacional considera que este tipo de medidas no solo afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos, sino que también «distorsionan el mercado de combustibles y desalientan la inversión y el empleo en el sector».
Preocupación por el impacto en la economía y el mercado
Las autoridades nacionales han expresado su profunda preocupación por el impacto negativo que esta tasa podría generar en la economía local, especialmente en lo que respecta al sector del transporte y la actividad comercial.
Asimismo, advierten sobre el riesgo de que esta iniciativa pueda sentar un precedente para la proliferación de nuevos gravámenes municipales sobre otros bienes y servicios esenciales, con consecuencias aún más gravosas para la economía nacional.
Acciones para revertir la medida
En este sentido, el vocero presidencial ha indicado que se están «analizando diferentes alternativas» para revertir la situación, incluyendo posibles acciones legales y la implementación de medidas de carácter disuasivo para evitar que otros municipios sigan este ejemplo.
El Gobierno Nacional reitera su compromiso con la protección de los derechos de los consumidores y la defensa de la libre competencia, y reitera su llamado a las autoridades municipales a reconsiderar la implementación de estas tasas que, a su juicio, «resultan lesivas para el bienestar general de la población».
Se espera que en las próximas semanas se definan las acciones concretas que tomará el Gobierno Nacional para enfrentar esta situación.
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