El gobierno obligará a los presos del Servicio Penitenciario Federal a trabajar en las cárceles

El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles una medida que establece la obligatoriedad para todos los presos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de trabajar en las cárceles donde están alojados. Según la Resolución 1346/2024 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial, los internos deberán realizar tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene en los espacios comunes y propios de los establecimientos penitenciarios.
Trabajo obligatorio: los detalles de la medida
La normativa establece que estas actividades serán no remuneradas y tendrán una duración de cinco horas diarias. El Servicio Penitenciario Federal será el encargado de elaborar los planes y cronogramas específicos para estas tareas, además de supervisar su cumplimiento.
El propósito de esta medida, según el texto oficial, es promover la reinserción social de las personas privadas de su libertad, reducir la reincidencia y disminuir la ociosidad, que es considerada un factor que fomenta la violencia y el desorden dentro de los penales.
La resolución enfatiza que estas tareas están alineadas con el mandato constitucional de mantener cárceles “sanas y limpias” y que forman parte de las obligaciones de los internos según lo estipulado en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (N° 24.660).
Bullrich y el programa Manos a la Obra
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien firmó la resolución, ya había lanzado en octubre pasado el programa Manos a la Obra, con una prueba piloto en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza. Desde entonces, el esquema fue implementado en otras cárceles del país, organizando a los internos para que participen en tareas de mantenimiento edilicio.
En aquel anuncio, Bullrich declaró: “Nuestro objetivo es devolverle a la sociedad lo que se le quitó. No queremos mandar un delincuente más a la calle sin que haya entendido el valor del trabajo y la ley”, y agregó: “Las cárceles deben ser sanas y limpias, no para castigos, sino para la reinserción. No estamos haciendo más que cumplir con nuestra Constitución y el Código Penal”.
Reorganización del sistema penitenciario
El programa incluye nuevas medidas como la implementación de sistemas biométricos para el control de horarios, lo que busca mejorar el monitoreo de las actividades de los internos. Además, los presos serán clasificados según su perfil para asignarles tareas de manera eficiente.
Por ejemplo, en el Complejo 4 de mujeres de Ezeiza, las internas ya han pintado los interiores de las instalaciones y actualmente trabajan en el mantenimiento exterior. Este modelo se replicará progresivamente en todas las unidades penitenciarias del país.
Una medida que genera debate
Desde el oficialismo, defienden la resolución como una medida que fomenta la disciplina, mejora las condiciones de los penales y promueve valores como la responsabilidad y el trabajo. Sin embargo, algunos sectores cuestionan la falta de remuneración para las tareas asignadas, argumentando que esto podría contradecir principios de dignidad laboral y derechos humanos.
Bullrich respondió a estas críticas al subrayar que el objetivo no es “penalizar” sino integrar: “No vamos a aceptar que una persona en prisión gane más que alguien que trabaja legalmente y respeta la ley. Esto no es castigo, es justicia y es sentido común”, afirmó.
La obligatoriedad del trabajo penitenciario marca un cambio en la política carcelaria del país y se enmarca en el discurso de “orden y responsabilidad” que el gobierno de Milei ha impulsado desde el inicio de su gestión. Queda por ver cómo impactará esta medida en el sistema penitenciario y en el debate público.