Milei vetará la reforma jubilatoria que daba alivio a los jubilados
El presidente tomó la decisión de vetar la ley sancionada este jueves en el Congreso. Lo dio a conocer en un comunicado a través de sus redes sociales: “El Congreso Nacional en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional”.
El Ejecutivo confirmó categóricamente que el jefe de Estado vetará la ley aprobada por el Senado, la cual establece un aumento del 8,1% en las jubilaciones. Según el Gobierno, esta norma busca socavar los cimientos de su plan económico.
“El presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará”, indicó el comunicado difundido por redes sociales.
“El Congreso Nacional en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implica necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, explicó.
El proyecto que se aprobó establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.
También, incorpora una compensación del 8,1 por ciento, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero.
Para evitar que la actualización de la canasta básica no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09 por ciento.
La comunicación de la Oficina del Presidente remarcó que “esta ley implica un gasto adicional del 1,2 por ciento del PBI, o lo que es lo mismo, 25 por ciento del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres”.
“Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación”, indicó.
En el caso de que proceda a realizar el veto parcial, Milei puede proceder a la promulgación de determinados artículos y al rechazo parcial de otros, siempre y cuando no modifique el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso.
Qué pasa cuando se veta una ley
Con el veto presidencial, el proyecto vuelve al Congreso, donde podría intentarse nuevamente su aprobación
A fin de que la ley sea promulgada pese al veto del Ejecutivo, se requiere que ambas Cámaras obtengan una votación favorable de dos tercios de sus integrantes. En caso contrario, el veto presidencial subsiste y el proyecto no podrá ser reconsiderado durante el año en curso.
Si bien se aprueba la recomposición del 8,1%, persiste la oposición a los artículos 2, 4 y 10, los cuales, según los argumentos de Carlos Guberman y Mariano De los Heros, implican un significativo costo fiscal para el presupuesto nacional.
El artículo 2 establece que, en marzo de cada año, se aplicará a las jubilaciones un aumento del 50% de la variación de la de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.
En el artículo 4, en tanto, fija que quienes perciben un solo beneficio (jubilación o pensión) “tendrán la garantía de un haber mínimo equivalente al costo de la canasta básica total del adulto (CBT) incrementado en un 9%”.
El artículo 10 establece que la ANSES “tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales” y de pagar las sentencias firmes a favor de jubilados con asignaciones específicas de los recursos tributarios de ese organismo.
Estas cuestiones son las que dan incertidumbre acerca si el superávit fiscal es tal, ya que en el caso de recomponer los ingresos de los jubilados afecta este resultado obtenido, cuando una reforma estructural que permite un equilibrio fiscal no se tendría que ver afectada por una recomposición de ingresos de los abuelos que se vieron frente a una licuación de sus pensiones.