¿Qué diputados quieren legalizar las drogas?
Carolina Gaillard, Mónica Macha, Blanca Osuna, Verónica Caliva, María Rosa Martínez, Carolina Yutrovic, Jimena López, Itaí Hagman, Mabel Caparrós, Lucila Masin y Mara Brawer entre otros son los diputados que quieren legalizar las drogas para consumo personal.
El caso de la cocaína adulterada, que dejó 23 muertos y más de 80 internados durante esta semana en el conurbano bonaerense y ahora también se extendió a Rosario, abrió un debate sobre la pertinencia de legalizar el consumo personal de estupefacientes o reducir penas al narcomenudeo.
La diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, presentó un proyecto que modifica la ley 23.737 del Régimen Penal de Estupefacientes y que amplía otro presentado a mediados de 2021.
La iniciativa se propone ajustar la política de drogas en relación al cannabis, “otorgándole un estatus jurídico proporcional al estatus de la sustancia y comprensivo de su dimensión medicinal, terapéutica y paliativa, reconocida por Ley 27.350, de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta De Cannabis y sus Derivados”.
Además, armoniza la ley 23.737 con un abordaje respetuoso de los derechos consagrados en la Ley de Salud Mental, Nº 26.657 y la Constitución Nacional, en particular en relación al principio de reserva y derecho a la intimidad, la razonabilidad, el debido proceso, la presunción de inocencia, la lesividad y la proporcionalidad de las penas, entre otros.
En primer lugar, se propone la modificación de los artículos 5, 9, 10, 12 y 28 despenalizando conductas y adecuando penas- y ordenatorios.
En este sentido, indica que “Será reprimido con prisión de tres a 15 años y multa de 45 a 900 unidades fijas el que sin autorización o con destino ilegítimo siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes con fines de comercialización ilegal”.
También para quien “produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes con el fin de su comercialización ilegal; comercie con plantas utilizables para producir estupefacientes, estupefacientes, precursores químicos o materia prima para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización ilegal, los distribuya, los dé en pago, los almacene o los transporte; entregue, suministre, aplique o facilite a otros estupefacientes a título oneroso”.
Además, la pena será de “2 a 8 años y multa de veinte (20) a seiscientas (600) unidades fijas, si la entrega, suministro, aplicación o facilitación de estupefacientes se hiciera a título gratuito a una persona menor de edad, por parte de una persona mayor de edad”.
El texto también propone derogar el artículo 14 “resituando el propósito de la persecución penal orientada a la narcocriminalidad y el negocio ilegal de estupefacientes, y desterrando figuras penales sui generis que no cumplen con el objetivo de proteger el bien jurídico que se propone la ley (salud pública) y son por el contrario fuente de sistemáticas afectaciones a los derechos fundamentales”.
A su vez, la iniciativa hace hincapié en eliminar la punibilidad en los casos en los que quien lleva a cabo las conductas “se encuentra en un contexto de extrema vulnerabilidad o violencia de género, en atención a las recomendaciones efectuadas en tal sentido, por los órganos internacionales, y a la vista de una característica generalizada entre las llamadas “mulas” o “camellos”, que suelen ser personas –generalmente mujeres- que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad socio económica o también, en virtud de situaciones de violencia de género, quedando expuestas a la sanción punitiva por una actividad que les es impuesta por sus parejas afectivas en el marco de una relación violenta”.
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