“Son gobierno, no una estudiantina rafaelina”
Así lanzó Sain en un tuit contestándole a Marcos Corach tras su imputación por malversación de fondos y perfilamiento de personas
Los fiscales del Ministerio Público de la Acusación imputaron formalmente al ex Ministro de Seguridad Marcelo Sain y parte de su equipo como miembros de una asociación ilícita que tenía como objetivo realizar tareas ilegales de inteligencia contra dirigentes opositores, empresarios y responsables de medios de comunicación. Por si esto fuera poco, también se les imputa peculado, malversación de fondos y hasta el encubrimiento de apremios ilegales.
Desde los bloques de diputados y senadores provinciales de la Unión Cívica Radical venían advirtiendo desde hace tiempo que el gobierno de Omar Perotti utilizaba el Ministerio de Seguridad para, con su estructura y recursos, realizar tareas que nada tenían que ver con mejorar las condiciones de seguridad de los santafesinos y las santafesinas sino con intentar, mediante las operaciones y el apriete, acallar voces disidentes. Nada propio de una Republica Democrática que está a punto de cumplir 40 años de vida.
Mientras el delito aumentaba, se duplicaban los índices de homicidio con los que Perotti recibió la provincia y le negaban a las fuerzas de seguridad recursos para poder patrullar las calles, se llevaban adelante tareas de espionaje ilegal. Y el Gobernador, como mínimo, dejó pasar el aumento de la crisis de seguridad.
Hoy no se cierra ninguna etapa, se abre una instancia de extrema gravedad institucional en nuestra provincia. El Gobernador Omar Perotti, sindicado por Sain como quien consintió todos los hechos por los que hoy se ha imputado a ex funcionarios del actual Gobierno, deberá explicar con claridad cuál es su relación con esta banda delictiva que operaba desde despachos a escasos metros de su oficina.
El Gobierno que tiene la responsabilidad de cuidar la vida de sus ciudadanos no puede ser el que los persiga sin que medie orden judicial. Llamamos al Gobernador a no esconderse como hace ante cada problema y darle a la ciudadanía explicaciones urgentes y creíbles de este hecho que avergüenza a Santa Fe.
Asociación ilícita
Según planteó la Fiscalía en la imputación, la organización criminal funcionó de forma permanente, estable y organizada durante aproximadamente dos años, desde –al menos– el 30 de diciembre de 2019 y hasta el 26 de noviembre de 2021. Tenía estructura piramidal, era encabezada por el exministro de Seguridad y por las dos organizadoras y contaba con dos tipos de estructuras simultáneas (una en el Ministerio de Seguridad de la provincia y otra en el OI).
“El objetivo de la asociación ilícita era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas”, informó el MPA y agregó que “por ese motivo, el jefe y las organizadoras diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a cometer y permitir la comisión de delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.
Estructura piramidal
En relación al jefe de la banda criminal, se le atribuyó haber coordinado la estructura que recopilaba ilegalmente información de personas físicas y jurídicas. En tal sentido, la Fiscalía puntualizó que “en uso de su jerarquía como ministro de Seguridad, utilizó partidas de gastos reservados, omitió deliberadamente controlar al personal a su cargo, contrató servicios, personas y dispuso de otros medios para que la organización ejecute las actividades de inteligencia prohibidas”.
“También dictó órdenes abusivas y contrarias a la legislación para que se aplique violencia contra personas privadas de su libertad, y omitió deliberadamente controlar el accionar abusivo y violento de la policía en determinados casos”, destacó el MPA.
En cuanto a las personas imputadas como organizadoras, la Fiscalía hizo hincapié en que la información ilegal de los perfilamientos era producida por personas que dependían de ellas. Una vez construidos los datos, las dos organizadoras los compartían entre ellas y, finalmente, se los remitían al jefe de la asociación ilícita.
“En ese contexto, las dos organizadoras eran quienes, entre otras actividades ilícitas, ordenaban realizar informes de inteligencia (a los que llamaban “perfiles”; “dossier”) de personas que elegían por sus opiniones políticas, por sus pertenencia a partidos políticos, organizaciones o empresas”, advirtió la Fiscalía. “En algunos casos, ellas mismas gestionaban información de causas penales que tramitaban en el MPA y en la Justicia Federal gracias a sus relaciones personales con distintos funcionarios”, se especificó.
Acerca de las cinco personas investigadas como miembros de la asociación ilícita, se les endilgó ejecutar las órdenes ilegales que recibían, a pesar de que sabían que eran contrarias a la ley.
“Obtenían, registraban, sistematizaban y analizaban la información conseguida ilegalmente, y luego la transmitían a las organizadoras y al jefe de la asociación ilícita. Simultáneamente, realizaban maniobras para evitar que el resto de los integrantes del Ministerio de Seguridad y del OI se enteraran de la inteligencia ilegal que realizaban”, se subrayó.
Perfilamientos
De acuerdo con lo explicado en la audiencia, los denominados “perfilamientos” consistían en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el sólo hecho de sus acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o laborales y por actividades lícitas que desarrollan en la provincia de Santa Fe.
Entre las víctimas hay legisladores; funcionarios políticos; autoridades judiciales; dirigentes gremiales; profesionales; periodistas y empresarios. Además, también recopilaban datos de familiares de todos ellos y de su entorno laboral.
La Fiscalía sostuvo que para la realización de los “perfilamientos”, los imputados utilizaban información que extraían de bases de datos públicas y privadas (abiertas y de acceso restringido); de legajos y expedientes penales; de evidencias obtenidas en “tareas de calle” en el marco de investigaciones y también de informantes, medios de comunicación y redes sociales.
La información que se incluía en estos “perfiles” o “dossier” contemplaba datos filiatorios; composición de grupo familiar; antecedentes laborales; información financiera, patrimonial e impositiva; carácter de empleador y personas bajo relación de dependencia; movimientos migratorios; beneficiario de servicios o prestaciones sociales, educativas y/o de salud; antecedentes policiales y judiciales; información catastral; infracciones de tránsito; socios de las empresas, capital social y objeto; fotografía del DNI; si integró alguna lista electoral en la provincia; entre otros.
“Estas acciones de inteligencia están prohibidas por la ley 25.520. Fueron realizadas sin respetar principios básicos de inteligencia criminal, al tiempo que los datos obtenidos ilegalmente fueron divulgados sin que medie orden o dispensa judicial”, recordó la Fiscalía. “Con ellas, la organización criminal procuró influir en la situación institucional, política, policial y social de la provincia de Santa Fe, así como influir en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión y en asociaciones y agrupaciones provinciales”, argumentó el MPA.
Violencia institucional
La Fiscalía también afirmó que “la evidencia con la que contamos nos permite dar cuenta de que en reiteradas oportunidades, el exministro de Seguridad imputado dio expresas órdenes de someter a tortura o vejaciones a personas privadas de su libertad”. En tal sentido, se relató que “gran parte de esas indicaciones fueron formuladas a otros imputados e imputadas, quienes cumplieron lo indicado”.
Uno de estos hechos ilícitos fue cometido el 7 de febrero del año pasado. Un abogado le informó a la imputada de iniciales NS –en su carácter de funcionaria de la Agencia de Control Policial– que personal policial había detenido a un menor de edad al que estaban golpeando en una comisaría. Ante la noticia, la imputada informó al exministro de Seguridad quien le indicó: ‘Ni se te ocurra intervenir. Y si intervienen, háganse los boludos’.
“La imputada asintió y cumplió la orden. Además, le ordenó a quien era directora de Asuntos Internos que su actuación debía consistir en decir que el menor ‘se autolesionó’ y ‘que no lleguemos, que lleguemos tarde’”, describió la Fiscalía.
En otros hechos de similares características, hay registros de diálogos entre los imputados que incluyen expresiones como “Leña, bolsa”; “Dale un toquecito”; “Una sarandeadita. Chiquita”; “Inducile un coma”; “Aprétenlos mucho a todos!!!!”; “Que sientan miedo”.
En esa misma línea, otro de los hechos atribuido fue cometido el 20 de marzo de 2020. Según relató la Fiscalía, el exministro de Seguridad imputado ordenó que no se dé comida y bebida a una mujer que había sido privada de su libertad junto con sus mascotas en Rosario, por violar las normas de aislamiento social obligatorio impuestas con motivo de la pandemia de COVID.
Persecución política
En los “perfilamientos” que realizaba la asociación ilícita se encontraron afirmaciones como:
– “Hasta el momento no hemos encontrado alguna pertenencia partidaria de (se reserva el nombre de la víctima)”.
– “No está claro si obedece a una suerte de ascenso en su carrera como funcionario o al intento de darle más protagonismo en el área metropolitana de Santa Fe a los fines que pueda convertirse en una alternativa dentro del menú de candidatos”.
– “Es objeto de este informe presentar la trayectoria política de (se reserva el nombre de la víctima)”.
– “En su extensa trayectoria política, (se reserva el nombre de la víctima) ha mostrado ser hábil en su relación con el periodismo de la ciudad de Santa Fe. Tal es así que se ha sabido promocionar como una referencia y fuente de consulta en materia de seguridad pública”.
Gastos reservados
De la investigación realizada por Delitos Complejos también se desprende que “el jefe de la asociación ilícita, la organizadora de iniciales NS y un miembro de iniciales DAR sustraían para ellos dinero de partidas de gastos reservados destinados a la Agencia de Control Policial”.
“Alrededor del 20 de cada mes, dos personas retiraban del banco el dinero asignado a la partida de gastos reservados, y luego se la repartían entre los tres imputados”, se informó en la audiencia.
Destrucción de documentos
La Fiscalía también hizo hincapié en “la limpieza” que realizaban los imputados para encubrir su propia actividad ilícita. En el Ministerio de Seguridad, se concretó a partir de que los imputados supieron de la existencia de la denuncia penal que permitió el inicio de la investigación penal. “El exministro de Seguridad le informó al imputado de iniciales GM y a la imputada de iniciales NS que tenían ‘un par de días para cerrar todo’”, precisó la Fiscalía.
“Entre el 25 y el 26 de noviembre, cinco personas investigadas destruyeron sin autorización todos los documentos de la administración pública provincial que había en sus oficinas en el Ministerio de Seguridad y en el OI, resetearon teléfonos y borraron información de sus computadoras”, se afirmó.
De las evidencias se desprenden afirmaciones como “Acá ya limpié todo”; “Triturando papeles”; “ayer nos quedamos a la tarde y él terminó de romper lo de él”.
Bases de datos utilizadas
De acuerdo con lo especificado en la audiencia, las bases de datos más utilizadas por los imputados fueron: Sudamericadata; Nosis; Veraz; Migraciones; Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA); Registro Civil; sistema de legajos del MPA; Empresa Provincial de la Energía (EPE); Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS); ministerios de Salud y de Seguridad; Municipalidad de Rosario; multas de Rosario y de Santa Fe; CUITOnline; Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); Registro Nacional de las Personas (ReNaPer); Dateas; Tribunal Electoral de la Provincia; denuncias efectuadas ante los centros territoriales de denuncia (CTD) de la provincia; Banco Central de la República Argentina (BCRA); Administración Provincial de Impuestos (API); Catastro de la Municipalidad de Rosario; Datacels; Sistema de Consultas Penales Unificadas; Superintendencia de Riesgos de Trabajo; Guía del Foro del Colegio de Abogados de Rosario; Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe; Boletín Oficial de Santa Fe; Servicio de Catastro e Información Territorial de Santa Fe; Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe; Superintendencia de Servicios de Salud; Tribunal Municipal de Faltas de Rosario; Agencia Provincial de Seguridad Vial, ANSES, entre otras.
También recopilaban imágenes de las personas obtenidas de la base del ReNaPer, de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin) de las víctimas y de los medios de comunicación.
Todas las claves necesarias para acceder a estas bases de datos fueron solicitadas a nombre o en representación del Ministerio de Seguridad de Santa Fe o del OI.