“La seguridad no se improvisa”: Brouwer denunció que el Gobierno aplica su proyecto de conductores policiales de forma “improvisada” y sin ley
La diputada provincial Beatriz Brouwer cuestionó al Ejecutivo por avanzar con capacitaciones para la conducción policial sin un marco legal que garantice controles y transparencia. Aseguró que la iniciativa imita un proyecto de su autoría que el oficialismo dejó caer en la Legislatura.
Santa Fe – La gestión de la seguridad pública en la provincia de Santa Fe vuelve a ser el centro de una fuerte polémica legislativa. La diputada provincial Beatriz Brouwer (Unite) cruzó públicamente al Poder Ejecutivo tras el reciente lanzamiento de un programa de capacitación para choferes y motoristas policiales. Según la legisladora, el Gobierno está implementando en la práctica una idea que ella impulsó mediante un proyecto de ley en agosto de 2024, pero lo hace de manera irregular: sin el respaldo de una norma que establezca reglas claras y control legislativo.
El origen del conflicto: un proyecto “cajoneado”
El 13 de agosto de 2024, Brouwer presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para crear la carrera de “Auxiliar Conductor Motorista” dentro del Instituto de Seguridad Pública (ISeP). El objetivo principal era profesionalizar la conducción de patrulleros y motos para reducir el alto índice de siniestralidad que involucra a móviles oficiales.
“La idea surge a partir de la cantidad de accidentes registrados en la conducción policial. El objetivo es dar formación real, más seguridad y menos siniestros”, explicó la diputada. Sin embargo, denunció que la propuesta no fue tratada ni acompañada por los bloques oficialistas, dejando que el proyecto perdiera impulso en las comisiones.
Capacitaciones “por fuera de la ley”
La sorpresa para la legisladora llegó con la difusión de una convocatoria oficial para la “1ra Edición de Conducción Vehicular” en Santa Fe y Rosario. Para Brouwer, el Gobierno decidió aplicar el espíritu de su proyecto de forma unilateral.
“¿Qué hicieron? No lo trataron, no lo acompañaron y encima lo dejaron caer. Ahora están implementando capacitaciones y están haciendo lo mismo que proponíamos nosotros, pero sin ley, sin controles, sin transparencia y sin reglas claras”, sentenció Brouwer a través de un video difundido en sus redes sociales.
La crítica no apunta al contenido técnico de la capacitación, sino a la falta de un marco institucional sólido. Según la diputada, al no haber una ley de por medio, el programa queda sujeto a la discrecionalidad del Ejecutivo, evitando que el Poder Legislativo pueda auditar los contenidos, la asignación de recursos y el impacto real en la fuerza.
Debilitamiento institucional
Para la legisladora de Unite, este proceder representa un peligroso precedente en la división de poderes. “Eso es grave porque se debilitan las instituciones, se evita el control legislativo y se improvisa en seguridad”, afirmó.
Brouwer concluyó con una máxima que busca marcar la agenda de debate en la provincia: “La seguridad no se improvisa: se planifica, se regula y se controla. Si estaban de acuerdo con la propuesta, hubiesen aprobado la ley”.
Desde el entorno de la diputada insisten en que gobernar por fuera de los marcos parlamentarios le quita previsibilidad a la política de seguridad y priva a los agentes de una carrera profesional con jerarquía salarial y estabilidad, tal como proponía el proyecto original que hoy el Ejecutivo aplica “a medias”.
Acerca del autor
