Brouwer impulsa ley contra el acoso escolar
La diputada Beatriz Brouwer presentó un proyecto que suma sanciones para padres o tutores que omitan su deber de cuidado ante casos de bullying. La iniciativa se apoya en las leyes 13.674 (Santa Fe) y 26.892 (Nación) y prioriza el trabajo comunitario educativo.
Brouwer ley contra el acoso escolar: la diputada provincial Beatriz Brouwer ingresó un proyecto para incorporar sanciones a padres, madres, tutores o responsables cuando, notificados de conductas de acoso escolar de un menor a su cargo, no adopten medidas para detenerlas o incumplan compromisos asumidos. La propuesta busca fortalecer la corresponsabilidad adulta sin criminalizar, con eje pedagógico y reparatorio.
El anuncio se realizó en la Legislatura santafesina, en el marco del debate sobre convivencia escolar y prevención de violencias para el ciclo 2025–2026.
Reforma del Código de Faltas provincial para crear un marco sancionatorio dirigido a adultos responsables que omitan su deber de cuidado tras la notificación formal de bullying.
Sanciones graduadas: trabajos comunitarios y/o multas, con prioridad por instancias educativas y reparatorias.
Activación condicionada a notificación previa y a la inacción o incumplimiento de acuerdos.
Derivación a dispositivos de orientación familiar y mediación cuando corresponda.
El texto se apoya en la Ley Provincial 13.674 y en la Ley Nacional 26.892, marcos que promueven la convivencia, prevención y abordaje institucional de situaciones de acoso en escuelas. El objetivo es complementar esas herramientas con un esquema de responsabilización adulta en sede contravencional.
“La responsabilidad empieza en casa”, planteó Brouwer. “El bullying no es un problema menor: deja secuelas emocionales, psicológicas y físicas. Las escuelas cumplen un rol clave, pero la primera responsabilidad está en el hogar. No se trata de castigar, sino de generar una implicancia real de los adultos”, sostuvo. La legisladora remarcó que el trabajo comunitario propuesto tiene sentido reparatorio y pedagógico, para fomentar la empatía y comprensión del daño.
El proyecto intenta cambiar el paradigma: de la mera victimización a la responsabilización social, donde familia, escuela y comunidad comparten tareas de prevención. La apuesta es prevenir reincidencias, ordenar circuitos de intervención y alinear las respuestas con programas provinciales de convivencia y educación emocional.
El texto deberá girarse a comisiones, recibir aportes de Educación, Niñez, Salud Mental y organizaciones especializadas, y definir criterios de graduación de sanciones, protocolos de notificación, excepciones (contextos de vulnerabilidad) y articulación con equipos escolares. De aprobarse, el Ejecutivo deberá reglamentar plazos, autoridades de aplicación y dispositivos comunitarios.
Si prospera, la ley podría sumar una herramienta concreta para intervenir temprano y con foco educativo. El desafío: evitar respuestas punitivistas y asegurar acompañamiento familiar sostenido, con datos y evaluación de impacto.
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