El Gobierno disolvió la Administración General de Puertos y creó un nuevo ente para controlar la hidrovía del Paraná
El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la disolución de la Administración General de Puertos (AGP), mediante el Decreto 3/2025 publicado en el Boletín Oficial. La entidad estatal, que administraba el puerto de Buenos Aires y gestionaba la hidrovía del río Paraná desde 2021, será reemplazada por la recién creada Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Esta medida convierte a la AGP en la segunda empresa estatal cerrada por la actual administración, tras la disolución de Trenes Argentinos Capital Humano en octubre pasado.
Un cambio estructural en la administración de la hidrovía
La nueva ANPYN asumirá el rol de concesionario de la hidrovía del río Paraná hasta que se adjudique una licitación internacional. Luego, su función será la fiscalización y el control de las operaciones, ya sea de manera directa o a través de terceros.
El Ejecutivo justificó la medida argumentando que la AGP había incrementado su estructura administrativa y su planta de personal más allá de sus competencias, lo que generó costos innecesarios. Además, destacó la necesidad de modernizar el sistema portuario y optimizar la gestión de la hidrovía, clave para el comercio exterior argentino.
Iñaki Arreseygor, nuevo director ejecutivo de la ANPYN
En paralelo, el Decreto 5/2025 designó a Iñaki Miguel Arreseygor como director ejecutivo de la ANPYN, con rango de Secretario de Estado. Arreseygor, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como subsecretario de Puertos y Vías Navegables, renunció a ese cargo para asumir la conducción del nuevo organismo.
La licitación de la hidrovía: un negocio millonario y estratégico
La disolución de la AGP coincide con un momento crítico para el comercio exterior argentino, ya que la licitación internacional para el dragado y balizamiento de la hidrovía del río Paraná, que mueve el 80% de las exportaciones del país, está en marcha. Este proyecto representa un negocio de 9.000 millones de dólares, lo que ha generado una intensa competencia entre las principales empresas dragadoras del mundo.
Entre los postulantes, destacan compañías europeas como Jan de Nul, actual operadora, y otras firmas belgas y holandesas como Boskallis y DEME Group, reconocidas por su experiencia en grandes proyectos internacionales.
Sin embargo, la normativa excluye a empresas estatales extranjeras, como Shanghai Dredging Co., una filial de la estatal china CCCC, lo que alinea el proceso con las exigencias de transparencia y competitividad del Gobierno.
Contexto de la disolución
Desde el vencimiento de la concesión original de la hidrovía en 2021, la AGP había asumido la gestión bajo un modelo de cogestión con siete provincias y ocho ministerios. Durante ese tiempo, subcontrató tareas a las empresas Jan de Nul y Emepa, pero la falta de eficiencia y coordinación generó críticas.
En 2022, un intento de licitación fue cancelado tras impugnaciones presentadas por compañías como la danesa Rodhe Nielsen y la propia Shanghai Dredging, lo que evidenció las tensiones en torno al proceso.
Importancia estratégica de la hidrovía
La Hidrovía Paraná-Paraguay, con más de 3.400 kilómetros de extensión, es el principal canal comercial de América del Sur, conectando a países como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Su relevancia radica en que permite transportar productos agrícolas, energía y bienes hacia mercados internacionales.
La decisión de disolver la AGP y transferir la gestión a la ANPYN busca no solo resolver los problemas estructurales del organismo, sino también garantizar que la hidrovía funcione como un pilar eficiente del comercio exterior argentino, en un contexto de creciente competencia global y necesidad de consolidar alianzas estratégicas en la región.