El Gobierno oficializa la venta y transferencia de más de 300 terrenos y edificios públicos
Este viernes, el Boletín Oficial publicó el Decreto 950/2024, que autoriza la venta, disposición y transferencia de varios inmuebles pertenecientes al Estado Nacional. La medida, que excluye propiedades estratégicas y militares, tiene como objetivo recaudar fondos para enfrentar la crisis económica actual y optimizar la gestión pública.
La venta de inmuebles públicos como parte de un plan de ajuste
A través del Decreto 950/2024, el gobierno encabezado por Javier Milei habilitó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para gestionar la venta de propiedades consideradas innecesarias para la gestión estatal. “La medida busca generar recursos para mejorar la eficiencia administrativa y reducir gastos operativos,” explicó el Ejecutivo.
El decreto, firmado por Milei y Guillermo Francos, detalla que la AABE ejecutará la venta de bienes que ya habían sido autorizados en normativas previas, pero que aún no se habían enajenado. La iniciativa forma parte de un plan más amplio del Gobierno para disminuir los costos de operación del Estado, evitando mantener propiedades que no tienen una función específica y generan gastos innecesarios.
Propiedades incluidas y excepciones
Entre los inmuebles que serán puestos en venta se encuentra, por ejemplo, un edificio del INTA ubicado en avenida Cerviño 3101. La AABE también será responsable de realizar los estudios técnicos y las regularizaciones necesarias para concretar las operaciones de forma eficiente y transparente.
Sin embargo, no todos los bienes estatales estarán sujetos a esta medida. El decreto excluye inmuebles estratégicos, como los establecimientos militares en provincias como Córdoba, Corrientes y Mendoza. Asimismo, propiedades comprometidas legalmente o que han sido recientemente recuperadas por el Estado no serán incluidas en el proceso de venta.
Implementación inmediata
El decreto ya fue publicado en el Boletín Oficial, por lo que la AABE deberá actuar de forma inmediata para iniciar los trámites correspondientes. El gobierno argumenta que la venta de bienes sin utilidad pública no solo evitará su deterioro, sino que también permitirá generar ingresos que contribuyan a estabilizar las cuentas del Estado.Con este proyecto, el Gobierno busca aliviar las finanzas públicas mediante la enajenación de inmuebles improductivos, promoviendo una administración más eficiente de los recursos.