Ley de Microtráfico: inactivan búnker 51 en Rosario
Funcionarios provinciales y fiscales del MPA supervisaron el operativo en Anchoris 1663. Con esta intervención, ya son 51 los puntos inactivados en Rosario y 79 en toda Santa Fe desde que rige la Ley de Microtráfico, informaron fuentes oficiales.
Ley de Microtráfico Rosario búnker 51: el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), encabezó una nueva inactivación de un punto de venta de estupefacientes en Anchoris 1663 (dpto. 2), barrio Parque Casas. Autoridades confirmaron que se trata de la tercera intervención en ese pasillo y que forma parte del plan provincial para desarticular sitios vinculados a la violencia.
Dónde y cuándo
El procedimiento se realizó el miércoles 22 de octubre por la mañana en la dirección mencionada, con presencia de equipos del Ministerio, la Policía y el MPA. La Provincia ratificó que la Ley de Microtráfico, sancionada a fines de 2023, habilita estas inactivaciones y, cuando corresponde, derribos de inmuebles.
Con esta acción, Rosario acumula 51 puntos inactivados y el total provincial asciende a 79 desde el inicio del programa, según los reportes oficiales más recientes. La estrategia combina actuaciones judiciales, clausuras y, en ciertos casos, derribos para impedir la “regeneración” del punto de venta.
Antecedentes del caso
El fiscal Diego Giro explicó que la causa se trabaja desde abril, con allanamientos, aprehensiones en flagrancia y reiteradas intervenciones por la reaparición de la actividad ilícita en el sitio. En la investigación hay seis personas detenidas con prisión preventiva y dos condenadas mediante abreviados; tres de los cinco departamentos del inmueble quedaron inactivados.
Voces
La subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, María Florencia Blotta, sostuvo que “no vamos a retroceder” y planteó que el modelo santafesino debería replicarse a nivel nacional, en coordinación con el MPA. “Desde el comienzo de la gestión, el gobernador Maximiliano Pullaro envió un mensaje claro para bajar la violencia criminal en Rosario”, afirmó.
La Fiscalía informó que solicitó el derribo, pero la Justicia autorizó solo la inactivación para resguardar posibles derechos de terceros titulares registrales. Resta definir medidas para impedir nuevas “regeneraciones” y el seguimiento territorial con gobiernos locales.
El operativo vuelve a poner el foco en una política que combina celeridad procesal y medidas físicas sobre inmuebles: cuál es su impacto sostenido en los indicadores de violencia y qué herramientas preventivas acompañarán a los barrios intervenidos son preguntas que seguirán abiertas.
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