El Gobierno envió al Senado la reforma de la Ley de Salud Mental y se abre un debate clave
Reforma ley salud mental Argentina: el proyecto ya ingresó al Senado y propone más intervención obligatoria de psiquiatras, cambios en las internaciones involuntarias y nuevos criterios para actuar en situaciones de crisis. Mientras el oficialismo habla de una respuesta más rápida, especialistas advierten que también falta aplicar mejor la norma vigente.
Reforma ley salud mental Argentina: el Poder Ejecutivo ingresó al Senado un proyecto para modificar la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La iniciativa empezó a tomar forma pública el 7 de abril de 2026 y fue presentada ante las provincias en el COFESA el 20 de abril, mientras ahora deberá pasar por comisiones en la Cámara alta.
Entre los cambios principales, el texto propone que en las internaciones involuntarias intervenga de manera obligatoria al menos un médico psiquiatra, reemplazar el criterio de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física” y permitir que, en urgencias, un profesional pueda indicar una internación que luego deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. También se extiende a 24 horas el plazo para la notificación judicial.
Hoy, la ley vigente establece que la internación involuntaria debe ser un recurso terapéutico excepcional, solo cuando no sean posibles los abordajes ambulatorios y exista riesgo para la persona o para terceros. Además, la normativa actual prevé la intervención de un equipo de salud y una notificación al juez en un plazo de 10 horas.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca mejorar la capacidad de respuesta del sistema, ordenar la aplicación desigual entre provincias y dar herramientas para actuar antes en contextos críticos. En esa línea, el Ministerio de Salud señaló que solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley actual, que 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y que 20 tienen camas para internación.
Pero el proyecto ya abrió cuestionamientos. El exdirector nacional de Salud Mental Luciano Grasso planteó que antes de cambiar la ley habría que empezar por cumplirla, mientras que el psiquiatra Hugo Cohen advirtió que el problema de fondo sigue siendo la falta de financiamiento y de implementación sostenida en todo el país. En paralelo, autoridades sanitarias provinciales reunidas en Buenos Aires señalaron que la propuesta podría implicar un retroceso en derechos y cuestionaron que las jurisdicciones no hayan sido consultadas en su elaboración.
Con ese escenario, el debate recién empieza en el Senado y promete impacto directo sobre pacientes, familias, equipos de salud y el sistema judicial. La discusión ya no pasa solo por cambiar artículos, sino por definir cómo se responde a las crisis, quién decide una internación y con qué recursos reales contará el sistema para sostener esa respuesta.
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